Productividad estancada: el incumplimiento del ODS 8 le costaría al país $450 billones al 2030

El resultado es contundente: si Colombia no avanza hacia la formalización del empleo, el costo en productividad acumulado podría ascender a 207 billones de pesos en los próximos cinco años.

“Esta cifra refleja no solo un rezago en términos de producción y generación de valor agregado, sino también una pérdida significativa de recursos fiscales potenciales. La ausencia de formalización implica una menor contribución al recaudo de impuestos y aportes parafiscales, lo que limita la capacidad del Estado para financiar bienes y servicios públicos esenciales, como salud, educación, infraestructura y protección social”, afirma Solano Luque.

Adicionalmente, la elevada informalidad restringe el acceso de los trabajadores a sistemas de seguridad social, que incluyen el Sistema General de Riesgos Laborales y el Sistema General de Pensiones, perpetuando condiciones de vulnerabilidad y exclusión que alimentan ciclos de pobreza y desigualdad.

El análisis también evidenció que las brechas en formalización varían según el tamaño de la unidad productiva. Según datos del Dane para 2025, solo el 14,6 % de los ocupados en microempresas son formales, frente al 79,9 % en pequeñas empresas, y al 94,3 % y 97,4 % en medianas y grandes, respectivamente. Este panorama plantea un reto estructural: fortalecer el sector micro y pequeño, donde se concentra el mayor rezago y donde deben enfocarse con urgencia las estrategias de apoyo y regularización.

En suma, los resultados del estudio del CCS evidencian que el rezago en productividad y la persistencia de altos niveles de informalidad podrían costarle a Colombia hasta $450 billones de pesos al 2030. Esta cifra, que resulta de la combinación de las pérdidas proyectadas por no alcanzar la meta de crecimiento en productividad laboral ($243 billones) y por mantener bajos niveles de formalización ($207 billones), representa un impacto económico de gran magnitud que compromete no solo el desarrollo sostenible del país, sino también la equidad, la inclusión y la calidad de vida de millones de colombianos.

Estrategias integrales para promover el empleo formal y sostenible

El Consejo Colombiano de Seguridad propone una hoja de ruta integral para avanzar en las metas del ODS 8, centrada en alianzas estratégicas, innovación, fortalecimiento empresarial y enfoque diferencial e interseccional. Se requiere una acción coordinada entre el Gobierno, las grandes empresas y las mipymes para ampliar la formalización laboral y elevar la productividad en el país.

Algunas acciones clave son:

• Fortalecer alianzas entre Gobierno, empresas, academia, gremios y trabajadores que fortalezcan y promuevan estrategias como beneficios tributarios o programas de cofinanciación, especialmente, para aquellas empresas que generen oportunidades de empleo decente, equitativo y justo, especialmente para jóvenes, mujeres y personas con discapacidad.

• Ratificar recomendaciones de la OIT como la No. 204, sobre la transición de la economía informal a la formal. En Colombia, dicha recomendación no ha sido ratificada a la fecha, pese a haber sido adoptada desde el 2015.

• Fomentar la creación y regularización de las empresas, especialmente para micro, pequeña y mediana empresa, en donde se genera un poco más del 60 % de empleos en el país. Para ello, es clave, además, impulsar programas de formación técnica, tecnológica, profesional y continua, dirigidos a fortalecer sus capacidades y sostenibilidad, especialmente orientados a las mipymes.

• Divulgar y compartir las buenas prácticas de trabajo seguro, saludable y decente que se generan desde los diferentes sectores y que puedan adoptar y apalancar las micro y pequeñas empresas para su crecimiento.

• Realizar evaluaciones periódicas de las acciones implementadas para promover la formalización empresarial y del empleo, con el fin de medir su impacto real, ajustar los recursos de manera eficiente y fortalecer la coordinación entre el Gobierno y los actores involucrados.

• Incorporar enfoques diferenciales e interseccionales en las estrategias de formalización, para atender las realidades y barreras específicas de poblaciones como mujeres, jóvenes, pueblos étnicos, personas con discapacidad y comunidades rurales, y, así, garantizar una transición más inclusiva hacia el trabajo decente.

• Incentivar estrategias que promuevan un relevo intergeneracional efectivo, facilitando la transferencia de saberes empíricos de la población con mayor experiencia en el mercado laboral y su fortalecimiento a través del conocimiento técnico de las nuevas generaciones que ingresan al mercado laboral.

• En el caso de las grandes empresas, fortalecer sus cadenas de suministro, especialmente las conformadas por mipymes, mediante la transferencia de tecnologías, buenas prácticas laborales, inversión en innovación y programas de formación continua que impulsen la productividad y el trabajo decente en toda la cadena de valor.

La formalización laboral conlleva diversos beneficios para el país, las empresas y las personas. “A medida que se generen más empleos formales y aumente el número de empresas legalmente constituidas, el Gobierno incrementará su recaudación tributaria, esto permite una mayor inversión social, una mejor provisión de bienes y servicios y el desarrollo de políticas públicas orientadas a responder a las necesidades de las comunidades. Al mismo tiempo, se impulsa el desarrollo social y económico del país y se contribuye a la reducción de la pobreza y las desigualdades”, puntualizó Solano Luque.

Acerca del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS)

El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1954, reconocida como el referente técnico de la industria colombiana en seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental.

A través del cuidado de las personas y el reconocimiento de los trabajadores como eje de las estrategias organizacionales, impulsa la competitividad y la gestión sostenible de las empresas colombianas.

Adicional, aporta al desarrollo de conocimiento, la divulgación de buenas prácticas, la innovación y el respaldo técnico. Contribuye de manera activa a la sostenibilidad del país generando soluciones efectivas y aplicables para la gestión de riesgos laborales y ambientales, apoyados en un equipo humano altamente especializado y comprometido con la excelencia.